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La Superintendencia Nacional de Salud negó la solicitud de retiro voluntario presentada por la EPS Sura, que proponía un desmonte progresivo ante su insostenible situación financiera. La decisión se fundamentó en el riesgo que implicaría la transferencia y atención de los 5,4 millones de afiliados que gestiona la EPS, lo que podría desestabilizar aún más el sistema de salud. Aunque se establecieron ciertos indicadores para garantizar la continuidad de la operación de Sura, estos no se han hecho públicos. A pesar de las pérdidas acumuladas de 360.000 millones de pesos entre 2022 y 2023, la EPS asegura contar con reservas técnicas suficientes para seguir cumpliendo sus compromisos de atención mientras analiza los pasos a seguir.
Sura, junto a otras EPS como Sanitas y Compensar, ha señalado desde junio de 2023 la grave crisis financiera que enfrenta el sistema de salud, valorada en más de 9 billones de pesos según la Anif. La situación incluye descapitalización, descalce en reservas técnicas, siniestralidad desbordada y deudas crecientes con prestadores de servicios como clínicas y hospitales. Estas problemáticas, que también han llevado a la intervención de Nueva EPS y Sanitas, son vistas por algunos analistas como un “efecto dominó” generado por las constantes medidas de la Supersalud y la incertidumbre alrededor de la reforma sanitaria propuesta por el Gobierno.
En un comunicado, Sura manifestó su compromiso con la transparencia y la calidad de los servicios, indicando que espera la resolución oficial de la Superintendencia para analizar su contenido y definir su respuesta. Por su parte, el Supersalud, Giovanny Rubiano, destacó la importancia de mantener en operación a Sura y otras EPS clave para garantizar la salud de más de 7 millones de usuarios y facilitar la transición hacia los Centros de Atención Primaria (CAPS), pilares del nuevo modelo planteado en la reforma. Sin embargo, expertos y críticos, incluido el exministro Alejandro Gaviria, cuestionan la efectividad de las intervenciones, señalando que estas han agravado la inestabilidad del sistema, deteriorado la atención y evidenciado serios problemas de corrupción en algunas aseguradoras.
